COLOMBIA:
¡NUNCA MÁS BAJO EL IMPERIO DEL CAOS!

Un análisis de 20 años de guerra  subversiva
y de capitulaciones inaceptables

Comisión de Estudios de la 
Sociedad Colombiana Tradición y Acción
Chiquinquirá, 2006
www.colombia-autentica.org

Índice

Prólogo de 2006

Introducción

Parte I - De la guerra psicológica y la "revolución cultural", a los "laboratorios" del caos

1. La guerra psicológica revolucionaria total, esencia de la agresión contra Colombia

2. El caos, SIDA psico-social que debilita y corroe las mentalidades

3. En un laboratorio de psicología experimental: apatía y desesperanza inducidas

Parte II - En un "laboratorio" del caos llamado Colombia

1. Trágicos frutos de la guerra psicológica: apatía, indiferencia, pesimismo, terror y quiebre moral de la población

2. El secuestro, mecanismo para quebrar moralmente a los colombianos

3. Otros objetivos de la violencia guerrillera: desarticular el Estado y crear "zonas liberadas"

4. Guerrilla: violación sistemática de los derechos humanos; la población es la más golpeada

5. El deterioro en la administración de justicia, causa o estímulo para todos los aspectos de la crisis

6. Objetivo de guerra psicológica revolucionaria: de las "negociaciones de paz" a la capitulación de Colombia

7. La delincuencia, el narcotráfico, y la guerrilla se articulan como elementos de la revolución cultural para exacerbar el caos, del cual surgirá un nuevo "orden"

Parte III - Quebrando las tenazas de la guerra psicológica revolucionaria

1. De la crisis moral a la restauración espiritual

2. El milagro de Chiquinquirá y la restauración de Colombia

Filial súplica a la Virgen de Chiquinquirá

Filial súplica al Sagrado Corazón de Jesús

Bibliografía

Libros y estudios de revistas especializadas

Principales artículos de prensa y entrevistas

Principales medios de prensa consultados

Copyright Comisión de Estudios de la 
Sociedad Colombiana Tradición y Acción , 2006
Todos los derechos reservados
Impreso en Colombia
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Al editar esta obra, la Sociedad Colombiana Tradición y Acción quiere hacer un especial homenaje al Profesor Plinio Corrêa de Oliveira,  fundador de la Sociedad Brasileña de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad –TFP e inspirador de decenas de entidades semejantes actuantes en los cinco continentes.

Fallecido en 1995, el Profesor Corrêa de Oliveira fue uno de los intelectuales occidentales que más estudió y analizó el caos, que tanto afecta  al mundo contemporáneo. A la luz de la doctrina tradicional del Iglesia Católica, vio en esa tendencia del mundo actual un paso más en el proceso de descristianización que afecta a Occidente.

En su libro insignia, Revolución y Contra-Revolución afirmó:

"Analizados superficialmente, los acontecimientos de nuestros días parecen una maraña caótica e inextricable, y de hecho lo son desde muchos puntos de vista.

"Sin embargo, es posible discernir resultantes profundamente coherentes y vigorosas de la conjunción de tantas fuerzas desvariadas, siempre que éstas sean consideradas desde el ángulo de la gran crisis que tratamos.

"En efecto, al impulso de esas fuerzas en delirio, las naciones occidentales van siendo gradualmente impelidas hacia un estado de cosas que se va delineando igual en todas ellas,  diametralmente opuesto a la civilización cristiana.

"De donde se ve que esa crisis es como una reina a quien todas las fuerzas del caos sirven como instrumentos eficientes y dóciles". (Cfr. Revolución y Contra-Revolución, Parte I, cap. III.)

Al hacer este análisis sobre las últimas dos décadas de nuestra historia, vemos con claridad cómo estas afirmaciones se aplican por entero  a la tragedia que vivió Colombia. 

Nuestra esperanza más profunda es que esta lección desgarradora no se repita nunca más. Y que esta triste y trágica  experiencia haga recapacitar a nuestras clases dirigentes, para que no reincidamos en los errores cometidos.

¡Nunca más bajo el imperio del caos! debe ser un propósito firme de todos y cada uno de los colombianos que vivimos  en estos días. Si bien es cierto que el panorama descrito en las páginas que siguen no han pasado del todo,  pues aún quedan numerosas secuelas, la experiencia es suficiente para que abramos los ojos y veamos con claridad, pues cuando una sociedad capitula ante el crimen y el terror sólo pueden esperarse las peores consecuencias.

PRÓLOGO

Dos décadas de la historia de Colombia – de 1982 a 2002 – fueron traumáticas. Aunque nuestro pasado, desde los remotos tiempos de la Independencia de España,  no fue muy pacífico, esos 20 años se caracterizaron por una escalada de caos y de violencia, como tal vez no haya precedentes en otros países del mundo moderno, excepto en casos de guerras declaradas.  Y muchos efectos de esa situación se prolongan hasta hoy.

Todos los conflictos imaginables confluyeron en nuestra Patria en este período: la guerrilla marxista, el narcotráfico, el terrorismo, el fenómeno paramilitar, el secuestro, el desplazamiento forzoso. Todos ellos  fueron  motores de una verdadera espiral de violencia que llegó a los más insospechados límites, generando una increíble transformación socio-política. Con ello, se generó también una inmensa migración de colombianos, no sólo hacia fuera del territorio, sino también dentro del mismo.

Colombia fue transformada en todos los aspectos, gracias a la inmensa influencia ejercida por todos estos factores de disgregación. Al cabo de ese período, la religión, la política, la economía y hasta la forma de vivir de millones de colombianos eran completamente diferentes a como eran 20 antes,  gracias a los problemas desatados por ese conflicto.

Hoy, cuando estamos llegando a la mitad del año 2006,  vemos con satisfacción que gran parte de los desórdenes que nos afectaban como nación están siendo superados, aunque, obviamente, en esa materia aún queda mucho por hacer. Colombia comenzó a regresar de algún modo a la senda de la normalidad, a pesar de que estos procesos no son rápidos, y siempre quedan secuelas, que a veces tardan años o décadas en ser corregidas. Pero, de todas formas, muchos de los conflictos que se extendieron por veinte años han ido atenuándose gracias a una actitud enérgica, no sólo del Gobierno, sino también de la opinión pública, la cual, en su inmensa mayoría,  respalda  el combate enérgico y decidido contra todos los factores de disolución que nos llevaron a grandes catástrofes.
 
Para acompañar este proceso de verdadera resurrección de nuestro País,  la Sociedad Colombiana Tradición y Acción ha editado este libro. No es un diagnóstico de nuestra situación actual, sino una descripción y análisis de lo que vivimos en materia de auto-demolición de nuestro país durante esos 20 años. 

Nuestros índices de violencia y criminalidad llegaron a niveles  escandalosos

¿Cuáles fueron las razones que nos llevaron a ese pozo profundo? La memoria colectiva a veces es tan volátil que las generaciones mayores tienden a olvidar estas cosas con rapidez, y las nuevas ni siquiera conocen en profundidad los conflictos recientes. Pero es importante  que jamás olvidemos que, en el auge de nuestra crisis reciente, en Colombia cada año se cometían 35.000 homicidios, se secuestraba a más de 3.000 personas, se cometían más de 100 asaltos armados devastadores a pequeñas y medianas poblaciones,  todas las carreteras eran escenarios de asaltos armados, los combates del Ejército o la Policía contra los grupos armados ilegales eran cosa de casi todos los días, y las bombas estallaban en todas las ciudades, matando ciudadanos inocentes y sembrando el terror y el caos por todas partes.

Todos aquellos que de una forma u otra intervinieron en esta situación, pueden ser juzgados  en sus actuaciones, de formas muy diversas. Sin embargo, en todos ellos hay un denominador común, que nos parece de la mayor importancia resaltar, para que los errores históricos no se olviden jamás, pues se corre el riesgo espantoso de repetirlos. 

¿Cuál es ese denominador común? 

La respuesta puede parecer un poco fuerte,  pero de todas formas hay que darla. Lo que llevó a Colombia al desastre en este periodo histórico fue la claudicación de los sectores dirigentes del País ante la amenaza hecha por todos los fautores de disolución.

Fueron años de vergonzosa y cobarde contemporización con el crimen terrorista y subversivo. Casi toda la clase dirigente, incluida en ella las autoridades religiosas, políticas, empresariales y gremiales, decidió practicar claudicaciones sin fin. En vez de enfrentar los problemas con decisión y autoridad, tal como se hace de 2002 en adelante con excelentes resultados, se montó un sistema de concesiones y claudicaciones frente a todos aquellos que se levantaron en armas contra el Estado y la sociedad.

La capitulación ante el crimen: fuente de todos los desastres

Con el falso argumento de que lo único que nos llevaría a la Paz sería un sistema creciente de concesiones, en Colombia se desarrollaron un sinnúmero de llamados “procesos de pacificación”,  que en la realidad sólo aumentaron la violencia y el caos, y permitieron que se masacrase a miles de compatriotas, que fueron ultimados por el alud de crímenes, que crecían como la espuma, ante la inoperancia total de las autoridades.

Al Ejército y la Policía se le amarraron las manos para que no pudiesen cumplir con su deber constitucional de defender a los ciudadanos honestos, pacíficos y trabajadores. Los guerrilleros marxistas, autores y promotores principales del crimen y del terrorismo, fueron tratados con todas las benevolencias imaginables. Las amnistías les perdonaron todos sus crímenes. Sus exigencias revolucionarias eran atendidas de inmediato. El Estado volcó toda su generosidad y capacidad de ayuda a los victimarios, dejando abandonadas a las víctimas. Surgió la figura mítica de algunos jefes guerrilleros, que exigían prebendas y concesiones para sus grupos armados, y que eran perseguidos, no por las autoridades para capturarlos y someterlos a la Justicia, sino por todos los medios de prensa, radio y televisión nacionales e internacionales, para entrevistarlos y promoverlos.

Igualmente, esta política de concesiones se realizó con los jefes del narcotráfico. También a ellos le fue concedido todo tipo de beneficios, hasta el extremo inaudito de construir las propias cárceles a donde ellos voluntariamente se entregaron para cumplir, por sus crímenes, unas penas ridículamente bajas. Y lo más increíble de todo, una vez recluidos allí, fue que desde esas cárceles continuaron dirigiendo sus negocios ilícitos, desde allí ordenaban los crímenes que se les antojaba cometer, sus cómplices los visitaban a la hora que quisieran, y cuando ellos mismos querían salir, bien podían hacerlo, tanto para regresar a cumplir su pena de supuesta prisión, como para no volver jamás.

Y mientras estas aberraciones ocurrían a diario, la dirigencia colombiana continuaba afirmando  que el único camino posible para obtener la pacificación del País, era acceder a todas estas exigencias. Quien no estuviera de acuerdo con estos absurdos, era pura y simplemente considerado un enemigo de la paz. 

Las pocas voces discordantes fueron acusadas de fanáticas, extremistas y enemigas de los procesos de paz, y en consecuencia, perseguidas y silenciadas. En cambio, los corifeos de la claudicación tenían todos los medios de propaganda a su disposición. Con el pretexto de conseguir la paz, se cometieron todas las aberraciones imaginables. Y lo peor era que, a cada día que pasaba,  la Paz estaba más lejos, los promotores de la guerra contra la Patria estaban más fortalecidos y los defensores constitucionales del Orden y la Justicia cada vez más debilitados.

Con el fin de que este análisis no parezca demasiado teórico,  recordemos algunos episodios grotescos, que marcaron profundamente la época histórica que analizamos.

El asalto al Palacio de Justicia fue el inicio del derrumbe jurídico de la Nación

El primero de ellos es el sangriento asalto del M-19 al Palacio de Justicia  en noviembre de 1985, hace poco más de 20 años. Tres años antes, el gobierno del entonces Presidente Belisario Betancur había concedido una amnistía amplia y generosa  a ese grupo guerrillero. Más de 300 subversivos fueron liberados de las cárceles, a quienes se les perdonaron todos sus crímenes y el Estado les concedió subsidios en dinero, cargos públicos, protección especial con escoltas y vehículos blindados, cosa que no se hacía jamás con los ciudadanos honestos e inocentes que eran víctimas de esos sujetos. 

Todo era felicidad, y los adalides de la claudicación, comenzando por el propio Presidente, proclamaban ante el mundo entero el maravilloso proceso de  pacificación  inventado por ellos. Pero, ¿cuál fue la respuesta del grupo guerrillero ante este acto de benevolencia del Estado? 

Tres años después, a sangre y fuego, un comando de 50 integrantes del  M-19 se tomó el Palacio de Justicia, asesinó a 13 de los 24 magistrados del alto Tribunal, a muchos otros funcionarios que allí laboraban en el momento del asalto y algunas  personas que hacían  sus diligencias en los diversos despachos judiciales. 

En total, más de 100 muertos. El Palacio de Justicia  quedó totalmente arrasado hasta sus cimientos, como una imagen terrible de lo que sucedió. El ataque terrorista salvaje y brutal, no produjo sólo la destrucción del edificio material, sino también, y principalmente,  la  demolición del Orden Jurídico de la Nación.

Paradójicamente, el hombre que con su firma dio validez jurídica a la amnistía a los guerrilleros, fue secuestrado en el asalto y se convirtió durante varias horas en el principal rehén del grupo terrorista. Su voz aterrorizada fue escuchada por el mundo entero a través de un teléfono, pidiendo al Presidente Betancur que cesara la operación militar de reconquista del Palacio de Justicia, pues los guerrilleros pretendían matarlos a todos, y fue esto lo que finalmente sucedió. Ese hombre era el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Alfonso Reyes Echandía.

A pesar de la magnitud de la tragedia, nada impidió que los claudicantes siguieran adelante con su proceso de entrega del país a los terroristas. Y a cada nueva concesión del Estado, más arrogante y criminal era la respuesta de la guerrilla. Cada vez los ataques subversivos fueron más radicales y mortíferos y más cerca de las grandes ciudades. Y también, es doloroso recordarlo, cada vez las concesiones fueron mayores, al punto de Colombia ser considerada a menudo una nación inviable, en esos momentos críticos y terribles.

El despeje del Caguán, otro episodio atroz que sólo fortaleció a la subversión 

Otro episodio clamoroso fue el despeje de la zona del Caguán, años después, concedido por el Presidente Andrés Pastrana en 1998. Un enorme territorio en el extremo oriente del País, apartado, selvático, con poco más de 40.000 km 2, le fue entregado a la guerrilla de las FARC, como garantía de un proceso de pacificación con este grupo.  

A la ceremonia de entrega del territorio, el Presidente acudió puntualmente, pero el jefe guerrillero consideró que no había garantías para él y no asistió. La fuerza pública debió abandonar la región por 3 años, al igual que la Fiscalía, la Procuraduría y todos los organismos de control del Estado. Hasta el cura párroco del lugar fue desterrado por manifestar su discordancia con los abusos y crímenes cometidos por la guerrilla ni bien ésta tomó posesión del territorio. 

El Caguán  se convirtió en el ‘santuario’ de las Farc. Allá fueron llevados centenas de secuestrados que nadie podía ir a buscar, porque la Policía y el Ejército estaban prohibidos de entrar. Incontables automóviles robados en toda Colombia servían para movilizar a los insurgentes gracias a la complicidad de las autoridades. Desde allí se planearon decenas de atentados y asaltos a poblaciones vecinas, y allí regresaban los comandos guerrilleros después de ejecutar sus acciones vandálicas y criminales, sin  que ninguna autoridad los pudiese perseguir.
	
Y hasta allá fué la casi totalidad de los dirigentes colombianos a rendir  un tributo de deshonor a los jefes terroristas. Allá estuvieron casi todos los dirigentes políticos, porque era prestigioso en ese momento salir en la foto del día, conversando con algún guerrillero armado de ametralladora. También fué allí la totalidad de los dirigentes gremiales. Y muchos de los ministros del despacho fueron a discutir con los terroristas la conveniencia o no de algunas leyes o de las políticas que el Gobierno debía seguir. Y, aunque parezca increíble, allá fueron también los Señores Obispos a dialogar con los bandidos que asesinaban a sus fieles de una manera inmisericorde. Y si no fueron todos, no fue porque no deseasen hacerlo, sino porque logísticamente era difícil, pero sí fué una delegación grande que los representaba a todos. 

¿Sería así que  se  conseguiría  la paz?  ¡Claro que no! Y eso lo sabía todo el mundo. ¡Y mucho más todavía! Los propios guerrilleros se burlaban de sus interlocutores y cada vez que los medios los entrevistaban, afirmaban sin tapujos que lo que ellos deseaban era el Poder y que los procesos de paz, como éste, no eran más que herramientas para dominar a Colombia y someter a la Nación a una dictadura marxista-leninista.  

Hay qué reconocer un hecho lamentable. La guerrilla jamás ocultó sus más profundas y tenebrosas intenciones de conquista del Poder y de utilización de todas las formas de lucha para alcanzar sus objetivos, en concordancia con sus ideas marxistas. 

¿Cómo es que entonces los diversos gobiernos se fueron prestando para todas estas monstruosidades y aberraciones? Ésta es una pregunta que esperamos algún día pueda ser respondida. El presente estudio será una herramienta útil para ello.

Algunas voces se levantaron para denunciar la verdad

Entre tanto, otro de los grandes interrogantes que deja el estudio del tema es acerca de quienes, de una forma u otra, manifestaron su discordancia con los “Procesos de Paz”. En verdad, no fueron muchas estas voces. Pero es necesario reconocer que ellas, al afirmar públicamente su discordancia, corrieron grandes riesgos físicos y morales.

Muchos de ellos fueron brutalmente asesinados. Otros tuvieron que trasladarse fuera del País por las sucesivas amenazas o atentados en su contra. Y a otros no les pasó nada, más por una protección especial del la Divina Providencia, que por la protección que el Estado debería ofrecerles y nunca  les dio.

Entre los de mayor destaque, no podemos dejar de recordar los casos de dos prominentes Obispos que fueron asesinados. Mons. Jesús Emilio Jaramillo, Obispo de Arauca, y Mons. Isaías  Duarte, Arzobispo de Cali, cayeron ultimados por las FARC, por causa de sus críticas a los crímenes cometidos por este grupo guerrillero.

En el interior de las Fuerza Armadas, todo aquel que de alguna manera manifestaba su discordancia con las capitulaciones, sencillamente era destituido y pasado al retiro por el gobernante de turno.  Desde los más prominentes generales de la República hasta el más humilde de los soldados o policías, a todos se les aplicó una norma inflexible: todo aquel que manifestara su discordancia en público, era fulminantemente destituido de su cargo y pasado a retiro. 

Esta aberración llegó al auge cuando la propia guerrilla de las FARC exigió al gobierno del Presidente Andrés Pastrana la destitución de los más eficientes y prestigiosos generales del Ejército en el momento. Los Generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán, comandantes de las brigadas de Bogotá y Bucaramanga respectivamente,  fueron destituidos ante el estupor de la Nación. ¿Por qué razón? Su presencia era incómoda para llevar adelante el proceso de paz con las FARC, y además ambos estaban desarrollando operaciones militares muy exitosas en contra de la guerrilla.

Entre los  sectores empresariales también se levantaron algunas voces con heroísmo y mucho riesgo. En líneas generales, y salvo algunas pocas excepciones, todos ellos fueron asesinados o secuestrados. El terror contra todos aquellos que se oponen a los designios de la subversión es una de las constantes de la guerra revolucionaria, y es aplicado al pie de la letra, con brutalidad y  sadismo.

Las continuas advertencias de la TFP:  una voz que no fue atendida

En el plano ideológico, la única voz que se levantó a lo largo de todo el proceso, de 1982 a 1997, con coherencia, fuerza y valor, fue la de la Sociedad Colombiana de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad –TFP. Sin embargo, esta entidad, después de numerosos lances memorables en defensa de la civilización cristiana y contra la indulgencia oficial frente a la guerrilla, fue entrando en crisis hasta virtualmente desaparecer del panorama nacional en 1999, por no querer continuar esa meritoria lucha doctrinaria.

Cuando ese proceso de decadencia comenzaba –en las postrimerías del gobierno de Ernesto Samper y a comienzos del de Andrés Pastrana– varios de los dirigentes de la entidad – siguiendo el ejemplo de nuestro incomparable Maestro, el Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, de lanzar las denuncias más claves en los momentos de crisis – resolvieron preparar y difundir un libro que denunciase el caos al que Colombia era lanzada. 

El libro llegó a estar prácticamente concluido, pero no fue posible editarlo porque la defección de la TFP como conjunto – salvo pocas y honrosas excepciones – lo impidió. Y esto permitió al gobierno de Andrés Pastrana persistir en su lamentable actitud de entrega ante la guerrilla y el terrorismo, a pesar de las evidencias del inmenso perjuicio que esto producía al País.

 No obstante, cierto tiempo después, esa acción ideológica en defensa del País fue reiniciada y continúa hoy bajo el nombre de la Sociedad Colombiana Tradición y Acción, la cual finalmente edita ahora la obra otrora preparada, para impedir que los obsesionados por claudicar ante la guerrilla marxista reinicien en el presente – cuando muchos de los males producidos por la claudicación comienzan a ser olvidados – ese nefasto proceso. 

En noviembre de 1982, cuando comenzaba el carrusel de las capitulaciones, la TFP publicó un esclarecedor documento en nueve de los principales diarios del País. “Amnistía a los guerrilleros: ¿Medida de pacificación? ¿O transferencia de la guerrilla del fondo de las selvas al corazón de las principales ciudades?”

Este importante documento fue una acertada previsión, que denunció desde el primer momento que el camino escogido por nuestra clase dirigente, lejos de pacificar al País, lo lanzaría al caos. Lamentablemente, la advertencia no fue escuchada, y lo que es peor, se hizo todo lo contrario de lo que el documento pedía. 

Durante esos años (1982 –1997), la TFP desarrolló una heroica y arriesgada acción pública en contra de esa política absurda de pseudo-pacificación, a través de incontables manifestaciones de carácter  público, foros, conferencias, declaraciones y manifiestos en los diarios, publicaciones escritas y contacto directo con la opinión pública. Así Colombia pudo escuchar la única voz discrepante de todos los disparates que se venían haciendo.

Hoy, habiendo superado el País, en medida considerable, esa crisis y estando en vías de una restauración muy significativa del orden, de la tranquilidad ciudadana, de la seguridad para todos los colombianos y del imperio de la ley y de la justicia que casi habían desaparecido, podemos afirmar, con la frente en alto, que desde nuestro primer diagnóstico tuvimos la razón plenamente: Luchar con firmeza contra el crimen y el terrorismo es la forma  más segura de obtener la Paz. Claudicar ante ellos, es la forma más segura de perderla.

Pues bien, en el momento en que se volvió evidente para casi todos los colombianos -con excepción de los que directamente no quieren ver- cuánto contribuyó la indulgencia oficial frente a la guerrilla a transformarla en el mayor factor de caos nacional, es forzoso concluir que cualquier paso que signifique una reincidencia en esa línea se transformará en un elemento fuertemente demoledor de la Nación, tanto peor cuanto equivaldría a una recaída voluntaria en un mal ya conocido como tal.

A continuación, el estudio siempre actual hecho en 1996, en el momento en que ciertas fuerzas tratan que la tragedia de dos décadas sea olvidada, y a la larga reiniciada.

Eugenio Trujillo Villegas
Director Ejecutivo
Sociedad Colombiana Tradición y Acción

Cali, 30 de Abril de 2006,

Introducción

Un misterioso, sistemático e implacable proceso de demolición está destruyendo a Colombia hasta sus fundamentos, y con ello oprimiendo a sus 36 millones de habitantes.