Destaque Internacional - Año XIII - No. 327 - Madrid - San José de Costa Rica - Santiago, 11 de mayo de 2011

El Uruguay secuestrado: radicales de izquierda, Ley de Caducidad y voluntad popular

El espíritu revanchista de un grupo minoritario, aunque influyente, de "fundamentalistas" dentro del Frente Amplio va consiguiendo imponer su voluntad voluntarista, por las buenas o por las malas; reabre heridas y crea caldos de cultivo de nuevos odios fratricidas; toma de rehén a su propio partido, a los Poderes del Estado, y a la propia población del país; y deja al Uruguay en la situación de un país secuestrado.

1. El próximo 19 de mayo la Cámara de Diputados del Uruguay votará si se anula o no la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986, que determinó la caducidad de delitos contra los derechos humanos cometidos por militares uruguayos. Sintomáticamente, no se habla de anular la Ley de Amnistía a los guerrilleros tupamaros, quienes en la década de 1970, por medio de la violencia revolucionaria, trataron de implantar en el Uruguay una nueva Cuba.

2. Sectores radicales de la izquierda uruguaya, que son los principales responsables por haber empujado al país a la crisis institucional que se vivió en ese período histórico, ya promovieron dos referéndums para anular la Ley de Caducidad, y en ambos fueron derrotados por el voto de la población. El primero se efectuó en 1989. El segundo fue en 2009, coincidiendo con las elecciones nacionales. En el referéndum de 2009 quedó en evidencia que la mayoría de la izquierda, agrupada en el denominado Frente Amplio, prefería que no se continuase echando sal en las graves heridas del pasado; y, por tal motivo, contribuyó con su voto para mantener la Ley de Caducidad.

3. En sentido contrario, en abril de 2011, los sectores más radicales de la izquierda frenteamplista, presionando a sus representantes en el Senado, hicieron que éstos votaran casi unánimemente por la anulación de la referida Ley. Y se aguarda ahora la decisión de la Cámara de Diputados, para el 19 de mayo próximo.

4. A todo esto, salta a la vista de uruguayos y latinoamericanos que acompañan con preocupación los acontecimientos del Uruguay, el espíritu revanchista de ese minoritario, aunque influyente, grupo de "fundamentalistas" dentro del gobernante Frente Amplio, que va consiguiendo imponer paulatinamente su voluntad voluntarista; que reabre heridas y crea caldos de cultivo de nuevos odios fratricidas; que posee fuerza suficiente como para tomar de rehén a su propio partido, a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los demás partidos y a la propia población del país; y que, de esa manera, y en ese sentido, deja al Uruguay en la situación de un país políticamente secuestrado.

5. Queda de manifiesto también el desprecio de esa minoría radical por la voluntad popular expresada en los dos referéndums nacionales arriba mencionados. Lo anterior se torna aún más patente si se considera que el Frente Amplio ha promovido en los últimos años numerosas consultas populares sobre temas de interés nacional, alegando precisamente que los referéndums están entre los más directos y eficaces instrumentos democráticos. Pero, al parecer, cuando los resultados plebiscitarios no se ajustan al pensamiento de esas minorías radicales, simplemente dejarían de tener valor.

6. Existe una contradicción no pequeña en la actitud de sectores extremistas del Frente Amplio sobre el real valor que le atribuyen la voluntad popular. Es como si se despreciara la opinión de la población, y ello hace revivir dudas sobre la autenticidad de la alegada "conversión" a la democracia de los aludidos líderes de izquierda que en la actual coyuntura están secuestrando políticamente al Uruguay. Más aún, quedan planteadas interrogaciones sobre nuevos zarpazos que se puedan estar preparando contra las instituciones, contra las leyes y contra la población.

7. Del punto de vista jurídico, la anulación de la Ley de Caducidad, por parte del Poder Legislativo, parece ser una medida inconstitucional, a juzgar por la opinión de la gran mayoría de los constitucionalistas uruguayos, sin distinción de banderas políticas. Por tal motivo, a partir de esa eventual anulación, se podrán abrir y arrastrar debates jurídicos y políticos interminables, que desangrarán las energías vitales del país y contribuirán para prolongar el secuestro político del Uruguay. Podrá producirse un peligroso desgaste de las instituciones y de los propios Poderes del Estado, que irán desdibujando su finalidad y perdiendo la credibilidad ante la ciudadanía, con consecuencias imprevisibles del punto de vista del desmembramiento político, social y psicológico del país.

8. El espíritu revanchista de esos "fundamentalistas" uruguayos no es diferente del de similares minorías revolucionarias que, de una u otra manera, llegaron al poder en diversos países latinoamericanos, después de sucesivas metamorfosis y cirugías plástico-políticas. Todos ellos parecen cantar en coro una injusta partitura, cuya letra busca inocentar y transformar en héroes a quienes intentaron, por medio de la violencia, comunizar a América Latina, negando sistemáticamente cada uno de los derechos de Dios y de los hombres.